En tiempos de elecciones políticas se vuelve invariablemente al inefable discurso de la “puerta giratoria” para llevar a los electores las posiciones de los candidatos frente a la delincuencia y de esa forma subrayar la existencia de un peligro latente y avisar de paso que se será implacable con los delincuentes y que así la gente podrá estar segura de una vez por todas. Lamentablemente este tipo de discursos lo único que efectivamente logra es profundizar la ignorancia de la gente frente al asunto de la seguridad y el delito y a exacerbar los niveles de intolerancia ciudadana pero en ningún caso se torna en un plan efectivo de prevención y disminución de la delincuencia ni en un mejoramiento de los índices de seguridad, porque eso es imposible si se trabaja únicamente desde el plano de la represión y el castigo y de una retórica llamativa pero vacía.
La realidad es que somos un país esencialmente encarcelador, con una tasa insólita de personas condenadas y presas y que a contar de la Reforma Procesal Penal se ha metido presa más gente que nunca, en forma más expedita y por tiempos más extensos, provocando niveles de hacinamiento en las cárceles que ha llevado incluso a autoridades de Estado a señalar que se trata de una situación inhumana. Sin embargo se insiste con que existiría una “puerta giratoria” y en su metáfora sobre la circularidad, donde la gente supuestamente entra y sale de la cárcel sin medida. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué se insiste en un asunto que no tiene sustento empírico? La respuesta va por dos planos distintos pero que aluden conjuntamente a la comunicación y en definitiva apuntan a una nueva forma de gobernar y gestionar la penalidad. Así, desde un punto de vista del análisis político-social, en una democracia donde los partidos van perdiendo peso la comunicación política tiende a desarrollarse directamente entre los actores políticos y la gente a través de los medios de comunicación en todos sus soportes (véase el fenómeno Twitter en la presente campaña), así se va construyendo un discurso mediatizado, básico, de fácil acceso a la gente, elaborado sobre frases cortas y directas que se van incorporando fácilmente en el lenguaje diario (en este sentido el slogan de la “puerta giratoria es inmejorable), y que a su vez va fortaleciendo ciertos tópicos que son funcionales a las estructuras de poder (nada es al azar en estos territorios). En el caso de la delincuencia el esquema es que la delincuencia se ha incrementado por culpa de alguien (el responsable depende del lugar político que tiene el emisor del discurso), que existe una importante sensación de inseguridad (emoción social de fácil producción y control), que es necesario reprimir duramente a los criminales (se les otorga un perfil diferente del resto de los ciudadanos para que no se perciba el debilitamiento de los derechos ciudadanos) y que se necesita urgente gobernar el delito (legitimación del poder y oferta de seguridad que tranquilicen el miedo y la ansiedad colectiva). Por otro lado, desde un plano judicial los tribunales han tenido un problema atávico, que es la dificultad en la forma de explicar sus decisiones al común de las personas, primero por el lenguaje técnico-jurídico y segundo porque la oralidad de los procesos es solo un hecho reciente y en ese sentido resulta prácticamente imposible hacer entender a un lego que un sujeto que hurta por segunda o tercera vez productos de una tienda es probable que no quede preso o que un adolescente que le saca un celular a alguien de su cartera tampoco, entre otras cosas porque precisamente castigar todas las conductas con la misma severidad deslegitima aún más el castigo penal, puesto que pierde su función preventiva clásica, toda vez que si la respuesta siempre es la cárcel da lo mismo arriesgarse a hurtar algo que robar y golpear o matar a alguien. En este orden de ideas el derecho penal tiene un fuerte componente simbólico y se estructura sobre la base de advertencias o de la posibilidad de transmitir socialmente censura, de manera tal que si a menudo se está tergiversando esto, alimentando la inseguridad social con discursos alarmantes y transmitiendo el mensaje que el sistema penal no funciona y que posee una ineficacia endémica (no obstante que las cifras dicen lo contrario), se está destruyendo al sistema fundado en un derecho penal racional y pretendidamente justo para dar paso a un gobierno de la penalidad utilitarista que se nutre del aumento de la criminalidad y la difusión de la inseguridad social para administrar los grupos excluidos socialmente en función de una selectividad de quienes pueden estar adentro y gozar del Estado social (recurso escaso y gestionable) y pueden participar democráticamente (en razón del poder de los grupos) y demandar seguridad ciudadana y quienes se quedan afuera, sujetos que hay que incapacitar e invisibilizar con las metáforas de la puerta, el candado, la mano dura, la mano blanda, etc.
viernes, 23 de julio de 2010
¿SEGURIDAD DE LOS DERECHOS O DERECHO A LA SEGURIDAD?
Hace algunos días tuve la suerte de asistir a un seminario que ofreció en Chile el prestigioso penalista, criminólogo y filósofo del derecho Massimo Pavarini, quien es profesor de la Universidad de Bolonia y que tiene un sinnúmero de publicaciones e investigaciones sobre el delito, la seguridad y la cuestión criminal. El planteó, en dicho seminario, el dilema que señalo en esta columna y que resulta totalmente atingente en tiempos donde la seguridad ciudadana parece una demanda y un derecho fundamental de la sociedad: qué es preferible la seguridad de los derechos o un derecho a la seguridad?
Nuestro país ha logrado con mucho esfuerzo afianzar un Estado de Derecho luego del paréntesis trágico de la dictadura y ahora se intenta afanosamente hacer de nuestra nación un estado social de derecho, cuestión que por cierto todavía es solo una pretensión pero al menos encaminada. En un estado social de derecho las garantías fundamentales se convierten en un bien público asegurado a todos los ciudadanos, lo que conlleva una “seguridad democrática”, donde todos los habitantes tienen acceso no solo a los derechos fundamentales de primera generación (derechos civiles y políticos), sino también los de segunda generación (sociales y económicos), e incluso a los culturales y ambientales y en ese sentido la consecuencia lógica de ese afianzamiento del acceso y disfrute de los derechos fundamentales se traduce en bienestar y cohesión social, en mayor seguridad y en consecuencia en disminución del miedo, del peligro, del riesgo.
Por el contrario, cuando se entiende que la seguridad ciudadana es un derecho, es decir que los habitantes de una nación tienen derecho a la seguridad, es porque evidentemente carecen de ella y en ese sentido el Estado afirma normativamente la seguridad de sus ciudadanos al no poder brindarla efectivamente. Se convierte entonces en una “Democracia de Seguridad” y de esa manera se aplaca el miedo social al peligro, al riesgo de no tener acceso a la salud, a perder el trabajo, a no poder dar una educación de calidad a los hijos, el miedo a ser víctima de delitos. En este sentido la democracia de la seguridad es el fracaso del estado social de derecho o el camino equivocado mientras se logra un estado que permita a todos sus habitantes gozar de los derechos que garantizan una vida digna e igualitaria, es decir la “seguridad democrática”.
Chile parece optar en este interregno, por una democracia de la seguridad en vez de ir afianzando los logros sociales en libertad e igualdad general, convirtiendo a la seguridad de los ciudadanos en un derecho “fundamental” y en consecuencia provocando la privatización de la seguridad ante la imposibilidad del Estado de garantizarla. Es decir se entrega a la gente la demanda y satisfacción del ahora, bien privado de la seguridad con la promesa de mayor represión penal y control social. Por eso emerge la víctima (la real, la indirecta y la potencial), aparece la “opinión pública” mediatizada exigiendo la inefable “mano dura”, se manifiestan las asociaciones de víctimas demandando institucionalidad a sus agrupaciones, se yergue el criterio de la peligrosidad- riesgo (ley de Agenda Corta) y se aplica un enfoque reactivo frente a la conducta desviada (énfasis de las políticas criminales represivas por sobre las políticas públicas sociales como en el caso de los adolescentes infractores).
Un ejemplo trivial de la privatización de la seguridad y del enfoque reactivo son las cámaras de vigilancia. Hoy, Chile está plagado de cámaras y se cree que con esa tecnología se disminuye el delito, lo cual está comprobado científicamente que no es así. Las cámaras actúan ex post frente al delito y por lo tanto pueden tener alguna incidencia en la persecución de éste y en la construcción de la prueba en el proceso penal pero no previenen el delito, el sujeto al delinquir no incorpora la cámara de vigilancia en su supuesto cálculo racional sobre la comisión del delito. Por eso vemos la grabación de los robos a menudo en la televisión. Lo que sí hacen esas cámaras de vigilancia es disminuir ostensiblemente nuestra libertad al mantenernos constantemente vigilados, despojándonos de parte de nuestra intimidad y privacidad, porque si hay algo que esta democracia de la seguridad provoca es erosionar nuestra libertad, hacerla menos real y más formal, más acotada y obviamente más controlada.
El recurso penal agresivo, la seguridad ciudadana como derecho esencial, el control social masivo, el poder punitivo insaciable son aspectos de esta democracia construida sobre la metáfora de la seguridad y la ausencia pasmosa de la libertad a la que nos hemos acostumbrado.
Nuestro país ha logrado con mucho esfuerzo afianzar un Estado de Derecho luego del paréntesis trágico de la dictadura y ahora se intenta afanosamente hacer de nuestra nación un estado social de derecho, cuestión que por cierto todavía es solo una pretensión pero al menos encaminada. En un estado social de derecho las garantías fundamentales se convierten en un bien público asegurado a todos los ciudadanos, lo que conlleva una “seguridad democrática”, donde todos los habitantes tienen acceso no solo a los derechos fundamentales de primera generación (derechos civiles y políticos), sino también los de segunda generación (sociales y económicos), e incluso a los culturales y ambientales y en ese sentido la consecuencia lógica de ese afianzamiento del acceso y disfrute de los derechos fundamentales se traduce en bienestar y cohesión social, en mayor seguridad y en consecuencia en disminución del miedo, del peligro, del riesgo.
Por el contrario, cuando se entiende que la seguridad ciudadana es un derecho, es decir que los habitantes de una nación tienen derecho a la seguridad, es porque evidentemente carecen de ella y en ese sentido el Estado afirma normativamente la seguridad de sus ciudadanos al no poder brindarla efectivamente. Se convierte entonces en una “Democracia de Seguridad” y de esa manera se aplaca el miedo social al peligro, al riesgo de no tener acceso a la salud, a perder el trabajo, a no poder dar una educación de calidad a los hijos, el miedo a ser víctima de delitos. En este sentido la democracia de la seguridad es el fracaso del estado social de derecho o el camino equivocado mientras se logra un estado que permita a todos sus habitantes gozar de los derechos que garantizan una vida digna e igualitaria, es decir la “seguridad democrática”.
Chile parece optar en este interregno, por una democracia de la seguridad en vez de ir afianzando los logros sociales en libertad e igualdad general, convirtiendo a la seguridad de los ciudadanos en un derecho “fundamental” y en consecuencia provocando la privatización de la seguridad ante la imposibilidad del Estado de garantizarla. Es decir se entrega a la gente la demanda y satisfacción del ahora, bien privado de la seguridad con la promesa de mayor represión penal y control social. Por eso emerge la víctima (la real, la indirecta y la potencial), aparece la “opinión pública” mediatizada exigiendo la inefable “mano dura”, se manifiestan las asociaciones de víctimas demandando institucionalidad a sus agrupaciones, se yergue el criterio de la peligrosidad- riesgo (ley de Agenda Corta) y se aplica un enfoque reactivo frente a la conducta desviada (énfasis de las políticas criminales represivas por sobre las políticas públicas sociales como en el caso de los adolescentes infractores).
Un ejemplo trivial de la privatización de la seguridad y del enfoque reactivo son las cámaras de vigilancia. Hoy, Chile está plagado de cámaras y se cree que con esa tecnología se disminuye el delito, lo cual está comprobado científicamente que no es así. Las cámaras actúan ex post frente al delito y por lo tanto pueden tener alguna incidencia en la persecución de éste y en la construcción de la prueba en el proceso penal pero no previenen el delito, el sujeto al delinquir no incorpora la cámara de vigilancia en su supuesto cálculo racional sobre la comisión del delito. Por eso vemos la grabación de los robos a menudo en la televisión. Lo que sí hacen esas cámaras de vigilancia es disminuir ostensiblemente nuestra libertad al mantenernos constantemente vigilados, despojándonos de parte de nuestra intimidad y privacidad, porque si hay algo que esta democracia de la seguridad provoca es erosionar nuestra libertad, hacerla menos real y más formal, más acotada y obviamente más controlada.
El recurso penal agresivo, la seguridad ciudadana como derecho esencial, el control social masivo, el poder punitivo insaciable son aspectos de esta democracia construida sobre la metáfora de la seguridad y la ausencia pasmosa de la libertad a la que nos hemos acostumbrado.
¿QUÉ HACER CON EL DELITO?
Definitivamente la cuestión del delito adquiere una dimensión cada vez más compleja y poderosa que forma parte de la cotidianeidad social gracias a la amplificación del fenómeno por los medios, planteando cada día nuevos dilemas que hace que los diferentes actores sociales se vayan preguntando en definitiva qué hacer con el delito?
En los recientes días tres hechos evidencian la complejidad del tema y dan algunas luces sobre la profundidad casi insondable de esta pregunta.
La semana pasada se informó por parte del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que Chile con 318 presos por cada 100.000 habitantes, es el país latinoamericano con la tasa más alta de encarcelados, seguido por Panamá con 275, lo que significa tres cosas evidentes: que la solución penal que se privilegia en Chile es la cárcel, que la puerta giratoria es una ficción política y que la sensación de inseguridad de la población es independiente del nivel de encarcelamiento de personas por parte del Estado. Tres conclusiones claras.
Por otro lado en Holanda anuncian que van a cerrar cerca de 8 cárceles por falta de presos lo que tiene preocupado a los sindicatos de trabajadores penitenciarios. Actualmente, uno de cada tres condenados holandeses no es llevado a la cárcel sino que debe realizar trabajo comunitario, por lo que el número de detenidos se redujo en un 20% los últimos cuatro años, lo que ha redundado en una baja notoria de la reincidencia. Alguien dirá: pero eso pasa en países como Holanda solamente. Sin embargo Bélgica con una tasa de encarcelamiento significativa para los estándares europeos, está viendo la posibilidad de mandar sus presos al país vecino, dada la situación de sus recintos penitenciarios.
Volviendo a nuestro país, una noticia ha sacudido a todos, la del niño etiquetado como “Cizarro”, el prototipo del delincuente infantil, refractario a toda norma, con una historia familiar deplorable, multireincidente, finalmente enviado a un psiquiátrico porque no puede ser enviado a la cárcel (pero de todas formas institucionalizado). ¿Qué hacer con el niño?: optar por los sistemas penales que encarcelan a los niños o seguir adelante con la inefable resocialización, aquella que no reintegra a nadie.
En síntesis, en una semana, vemos la cárcel como paradigma inamovible versus la solución penal alternativa y como corolario la delincuencia juvenil e infantil como nuevo “flagelo” (no obstante la excepcionalidad de estos casos), lo que nos demuestra que la cuestión criminal es de compleja entidad. ¿Qué hacer con el delito? Parece una pregunta sin solución, sin embargo debemos tener presente que cuando optamos por el modelo neoliberal y nos alcanzó la globalización, debimos percatarnos que esto no sólo implicaba mejores celulares ni la posibilidad de subirse a un avión y pasar las vacaciones en Brasil en vez de Tongoy, significaba también menos control social informal, mayor consumo, barrios impersonales, mayores brechas sociales, desigualdad y exclusión, más trabajo presencial de los jefes de hogar (es decir pasar todo el día en el trabajo), con la subsecuente desatención de los hijos, internet masivo y la brecha tecnológica- generacional, más bienes de consumo circulando en las calles, un mensaje mediático permanente de gratificación instantánea hacia los jóvenes etc., todo lo cual implica mayores probabilidades de generación de conductas desviadas, por lo que a esta altura debemos conformarnos con ese dato duro: el delito es parte nuestra, es un hecho social. El punto es cómo tratamos el fenómeno del delito. En el reverso de la misma moneda, la estrategia de segregación punitiva como respuesta asumida por los estados neoliberales es probadamente criminógena y subraya la exclusión, generando un círculo vicioso de insospechadas consecuencias, de manera que con tasas importantes de delitos en forma permanente y respuestas inadecuadas, la cuestión criminal en nuestro país se está transformando en una suerte de perorata, un diálogo de sordos, un discurso vacío pero funcional a la gestión del poder.
En los recientes días tres hechos evidencian la complejidad del tema y dan algunas luces sobre la profundidad casi insondable de esta pregunta.
La semana pasada se informó por parte del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que Chile con 318 presos por cada 100.000 habitantes, es el país latinoamericano con la tasa más alta de encarcelados, seguido por Panamá con 275, lo que significa tres cosas evidentes: que la solución penal que se privilegia en Chile es la cárcel, que la puerta giratoria es una ficción política y que la sensación de inseguridad de la población es independiente del nivel de encarcelamiento de personas por parte del Estado. Tres conclusiones claras.
Por otro lado en Holanda anuncian que van a cerrar cerca de 8 cárceles por falta de presos lo que tiene preocupado a los sindicatos de trabajadores penitenciarios. Actualmente, uno de cada tres condenados holandeses no es llevado a la cárcel sino que debe realizar trabajo comunitario, por lo que el número de detenidos se redujo en un 20% los últimos cuatro años, lo que ha redundado en una baja notoria de la reincidencia. Alguien dirá: pero eso pasa en países como Holanda solamente. Sin embargo Bélgica con una tasa de encarcelamiento significativa para los estándares europeos, está viendo la posibilidad de mandar sus presos al país vecino, dada la situación de sus recintos penitenciarios.
Volviendo a nuestro país, una noticia ha sacudido a todos, la del niño etiquetado como “Cizarro”, el prototipo del delincuente infantil, refractario a toda norma, con una historia familiar deplorable, multireincidente, finalmente enviado a un psiquiátrico porque no puede ser enviado a la cárcel (pero de todas formas institucionalizado). ¿Qué hacer con el niño?: optar por los sistemas penales que encarcelan a los niños o seguir adelante con la inefable resocialización, aquella que no reintegra a nadie.
En síntesis, en una semana, vemos la cárcel como paradigma inamovible versus la solución penal alternativa y como corolario la delincuencia juvenil e infantil como nuevo “flagelo” (no obstante la excepcionalidad de estos casos), lo que nos demuestra que la cuestión criminal es de compleja entidad. ¿Qué hacer con el delito? Parece una pregunta sin solución, sin embargo debemos tener presente que cuando optamos por el modelo neoliberal y nos alcanzó la globalización, debimos percatarnos que esto no sólo implicaba mejores celulares ni la posibilidad de subirse a un avión y pasar las vacaciones en Brasil en vez de Tongoy, significaba también menos control social informal, mayor consumo, barrios impersonales, mayores brechas sociales, desigualdad y exclusión, más trabajo presencial de los jefes de hogar (es decir pasar todo el día en el trabajo), con la subsecuente desatención de los hijos, internet masivo y la brecha tecnológica- generacional, más bienes de consumo circulando en las calles, un mensaje mediático permanente de gratificación instantánea hacia los jóvenes etc., todo lo cual implica mayores probabilidades de generación de conductas desviadas, por lo que a esta altura debemos conformarnos con ese dato duro: el delito es parte nuestra, es un hecho social. El punto es cómo tratamos el fenómeno del delito. En el reverso de la misma moneda, la estrategia de segregación punitiva como respuesta asumida por los estados neoliberales es probadamente criminógena y subraya la exclusión, generando un círculo vicioso de insospechadas consecuencias, de manera que con tasas importantes de delitos en forma permanente y respuestas inadecuadas, la cuestión criminal en nuestro país se está transformando en una suerte de perorata, un diálogo de sordos, un discurso vacío pero funcional a la gestión del poder.
SOCIEDAD-BULLYING
El bulliying es la nueva preocupación social, el nuevo debate ciudadano, otro temor más en la lista de inseguridades diarias y parte obviamente de la agenda noticiosa que contempla todos los días nuevos casos de supuesto bullying donde chicos y adolescentes someten violentamente a los más débiles, a los más pequeños, mediante golpes, presión psicológica, amenazas y lo hacen en los recintos educacionales, en las plazas, en las calles. La gente, los profesores y los padres en particular están horrorizados.
Déjenme decirles estimados lectores, que el inefable bullying no es más que la expresión de lo que esta sociedad es, ni más ni menos y es que los jóvenes, los niños son la consecuencia no sólo biológica de sus padres sino también cultural y en consecuencia expresión fidedigna de lo que se ha pactado como sociedad.
De que nos habla esta práctica infantil: de exitismo, de violencia, de incapacidad de solucionar los conflictos pacíficamente, de punitivismo, de soledad, de un sistema educacional precario, de prototipos sociales, de libertades mal entendidas, entre otras cosas y es que la actual sociedad chilena construida sobre el paradigma neoliberal es una sociedad de éxitos y vencedores, de desigualdades, de desplazados y perdedores, de trabajo incansable en pos de una productividad ficticia, de la carrera por una riqueza intangible, financiera, crediticia, que deja de lado a los hijos en la búsqueda del bienestar material.
A menudo escucho historias de violencia entre adolescentes y niños, de denuncias a los tribunales, de padres que les dicen a sus hijos que no acepten que los pasen a llevar, que se defiendan, de colegios pasivos, de profesores cansados y luego sucede una situación grave y todos rasgan vestiduras y apuntan a los culpables que obviamente cargan con una culpa bastante difusa.
Una sociedad que prioriza, valora y premia el trabajo presencial por sobre la eficiencia real y deja abandonados a sus hijos todo el día a merced de la bazofia televisiva, una sociedad que no es capaz de sentarse a debatir los problemas más acuciantes y los esconde, una sociedad que entiende que la respuesta penal es la más adecuada a los problemas sociales, una sociedad que se fundamenta en el éxito y en el ganar sin miramientos con el que pierde, una sociedad que valida como prototipo social exitoso al hombre (masculino), con un gran patrimonio y pletórico de virilidad desdeñando a las mujeres y a todos las personas diversas, no puede luego exigir que sus hijos no solucionen sus problemas a golpes y que los que tienen más capacidades físicas o intelectuales arrollen a los que no las tienen o denigren a los que se escapan del estándar validado socialmente. Es imposible exigir a los que están en formación biológica y cultural lo que sus padres mismos les han presentado como estructura legitimada de convivencia. No seamos incautos.
El asunto del bulliying, claramente es transversal, no es privativo de una clase social y eso demuestra que es un producto nuestro, de la modernidad que hemos forjado con tanto orgullo. El problema adicional es que en vez de enfrentar la cuestión a mi modo de ver correctamente, es decir enseñándole a los niños a dialogar, a respetar (no solo a tolerar), a despreciar la violencia, a hacerse cargo de los nuevos roles de género en la sociedad, a escuchar al otro y a incluirlo, se opta por la denuncia, por el aislamiento del otro, por acudir a la autoridad para que ponga ley y orden, que se someta a control al que se le fue de las manos la conducta aún cuando todos propiciaron que esa conducta se verifique.
Massimo Pavarini, un filósofo del derecho italiano, dice que el sistema carcelario actual es como una alcachofa. El núcleo duro es la cárcel (para el incorregible) y las hojas a medida que se van distanciando del centro son el control suave, para todo el resto, el control de las conductas en su amplio espectro. Eso es, mientras mantengamos el esquema carcelario como sociedad tan funcional a la sociedad neoliberal, no vamos a solucionar nada en materia de bullying, sino profundizar la violencia de los niños y creer que mediante la denuncia y la segregación del violento, mediante su castigo damos un mensaje y ponemos fin al conflicto, renovando nuestra fe en los valores de esta modernidad y aquietando mediante el autoconvencimiento de nuestras falacias colectivas, el desasosiego que esta situación nos provoca.
Déjenme decirles estimados lectores, que el inefable bullying no es más que la expresión de lo que esta sociedad es, ni más ni menos y es que los jóvenes, los niños son la consecuencia no sólo biológica de sus padres sino también cultural y en consecuencia expresión fidedigna de lo que se ha pactado como sociedad.
De que nos habla esta práctica infantil: de exitismo, de violencia, de incapacidad de solucionar los conflictos pacíficamente, de punitivismo, de soledad, de un sistema educacional precario, de prototipos sociales, de libertades mal entendidas, entre otras cosas y es que la actual sociedad chilena construida sobre el paradigma neoliberal es una sociedad de éxitos y vencedores, de desigualdades, de desplazados y perdedores, de trabajo incansable en pos de una productividad ficticia, de la carrera por una riqueza intangible, financiera, crediticia, que deja de lado a los hijos en la búsqueda del bienestar material.
A menudo escucho historias de violencia entre adolescentes y niños, de denuncias a los tribunales, de padres que les dicen a sus hijos que no acepten que los pasen a llevar, que se defiendan, de colegios pasivos, de profesores cansados y luego sucede una situación grave y todos rasgan vestiduras y apuntan a los culpables que obviamente cargan con una culpa bastante difusa.
Una sociedad que prioriza, valora y premia el trabajo presencial por sobre la eficiencia real y deja abandonados a sus hijos todo el día a merced de la bazofia televisiva, una sociedad que no es capaz de sentarse a debatir los problemas más acuciantes y los esconde, una sociedad que entiende que la respuesta penal es la más adecuada a los problemas sociales, una sociedad que se fundamenta en el éxito y en el ganar sin miramientos con el que pierde, una sociedad que valida como prototipo social exitoso al hombre (masculino), con un gran patrimonio y pletórico de virilidad desdeñando a las mujeres y a todos las personas diversas, no puede luego exigir que sus hijos no solucionen sus problemas a golpes y que los que tienen más capacidades físicas o intelectuales arrollen a los que no las tienen o denigren a los que se escapan del estándar validado socialmente. Es imposible exigir a los que están en formación biológica y cultural lo que sus padres mismos les han presentado como estructura legitimada de convivencia. No seamos incautos.
El asunto del bulliying, claramente es transversal, no es privativo de una clase social y eso demuestra que es un producto nuestro, de la modernidad que hemos forjado con tanto orgullo. El problema adicional es que en vez de enfrentar la cuestión a mi modo de ver correctamente, es decir enseñándole a los niños a dialogar, a respetar (no solo a tolerar), a despreciar la violencia, a hacerse cargo de los nuevos roles de género en la sociedad, a escuchar al otro y a incluirlo, se opta por la denuncia, por el aislamiento del otro, por acudir a la autoridad para que ponga ley y orden, que se someta a control al que se le fue de las manos la conducta aún cuando todos propiciaron que esa conducta se verifique.
Massimo Pavarini, un filósofo del derecho italiano, dice que el sistema carcelario actual es como una alcachofa. El núcleo duro es la cárcel (para el incorregible) y las hojas a medida que se van distanciando del centro son el control suave, para todo el resto, el control de las conductas en su amplio espectro. Eso es, mientras mantengamos el esquema carcelario como sociedad tan funcional a la sociedad neoliberal, no vamos a solucionar nada en materia de bullying, sino profundizar la violencia de los niños y creer que mediante la denuncia y la segregación del violento, mediante su castigo damos un mensaje y ponemos fin al conflicto, renovando nuestra fe en los valores de esta modernidad y aquietando mediante el autoconvencimiento de nuestras falacias colectivas, el desasosiego que esta situación nos provoca.
MIRADA CRITICA DEL SISTEMA PENAL ADOLESCENTE
A dos años de la implementación de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente lo único que podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos es que el actual sistema es mejor que lo que había, pero esto no se debe a que el Sistema actual sea bueno y funcione de forma adecuada sino porque el anterior era derechamente intolerable desde todo punto de vista.
El fenómeno de la violencia adolescente y el de la delincuencia juvenil es extremadamente complejo y en estas líneas resulta imposible abordarlo con la precisión que requiere, pero si hay algo que resulta claro es que provocada la conducta desviada en el sujeto adolescente el Estado debe procurar responder con un sistema penal que junto con castigar especializadamente el acto, por sobre todo reintegre al adolescente al entorno social de una manera que impida por un lado las carreras delictuales y por otro que no segregue al joven, dejándolo inmerso en la marginalidad de la que ya provenía. Esa era la apuesta. Esa era la promesa de la ley 20.084, en 2007.
Dos años después podemos afirmar que el estado de las cosas dista bastante de aquellas intenciones y esto obedece a varios factores. Algunos sustanciales y otros derivados de las prácticas que la propia ley ha provocado. En el primer orden de ideas el Estado debe concentrar las políticas públicas en la prevención (entendida como evitación social de la desviación no como peligrosidad) y en la integración social de los jóvenes, previo al delito. Es decir, se deben focalizar las políticas sociales familiares, de drogas, de salud, de sexualidad responsable, etc., antes de la infracción y no corregir el daño por la vía penal. Asimismo se debe mejorar la educación (qué duda cabe), pero no solo la educación curricular formal que acorte la brecha social y económica sino también la educación republicana-civil, que fomente el respeto al otro y a la diversidad, el apego por la libertad, el conocimiento de los derechos constitucionales, la solución pacífica de los conflictos, la cohesión social.
En un segundo orden de ideas, la aplicación de la ley, lejos de formar un corpus penal especializado y distinto, la gran mayoría de las veces parece un sistema penal de adultos atenuado, donde la privación de libertad preventiva es frecuente, la aplicación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal resulta idéntica a las de los adultos, las restricciones en la detención originalmente previstas en la ley se ven atenuadas a favor de la persecución, los quebrantamientos de las penas en el medio libre llevan permanentemente a aplicar el encierro, entre otras. Esto de debe primero a la falta efectiva de especialización de los intervinientes (en su gran mayoría y sobre todo en el Ministerio Público), a las deficiencias notorias en la institucionalidad del sistema, a la falta de profesionales con las competencias especiales que requiere el trabajo de jóvenes infractores, a la herencia de las prácticas tutelares en los operadores del sistema penal adolescente y a la falta de integración efectiva del sistema normativo penal a las normas, jurisprudencia y tratados internacionales en la materia.
Sin embargo, veo en este último orden de cosas, interesantes correcciones de las malas prácticas emergentes en el sistema penal juvenil a través de esperanzadores fallos y un empoderamiento de ciertos jueces del espíritu del derecho penal adolescente y siendo optimista creo que se podrán enmendar las desinteligencias de una ley demasiado vulnerable a una política criminal punitiva y retribucionista, además de corregir vía judicial las deficiencias “operativas” del sistema. Sin embargo esto debe ir de la mano de un compromiso real con los jóvenes y en este punto, en lo profundo de la cuestión, en aquellas decisiones políticas de alto nivel, sería deseable que el debate político electoral contemplara a los niños y adolescentes marginados, a los jóvenes segregados por el modelo económico- social y abordara su integración definitiva y no tan solo su castigo y encierro.
El fenómeno de la violencia adolescente y el de la delincuencia juvenil es extremadamente complejo y en estas líneas resulta imposible abordarlo con la precisión que requiere, pero si hay algo que resulta claro es que provocada la conducta desviada en el sujeto adolescente el Estado debe procurar responder con un sistema penal que junto con castigar especializadamente el acto, por sobre todo reintegre al adolescente al entorno social de una manera que impida por un lado las carreras delictuales y por otro que no segregue al joven, dejándolo inmerso en la marginalidad de la que ya provenía. Esa era la apuesta. Esa era la promesa de la ley 20.084, en 2007.
Dos años después podemos afirmar que el estado de las cosas dista bastante de aquellas intenciones y esto obedece a varios factores. Algunos sustanciales y otros derivados de las prácticas que la propia ley ha provocado. En el primer orden de ideas el Estado debe concentrar las políticas públicas en la prevención (entendida como evitación social de la desviación no como peligrosidad) y en la integración social de los jóvenes, previo al delito. Es decir, se deben focalizar las políticas sociales familiares, de drogas, de salud, de sexualidad responsable, etc., antes de la infracción y no corregir el daño por la vía penal. Asimismo se debe mejorar la educación (qué duda cabe), pero no solo la educación curricular formal que acorte la brecha social y económica sino también la educación republicana-civil, que fomente el respeto al otro y a la diversidad, el apego por la libertad, el conocimiento de los derechos constitucionales, la solución pacífica de los conflictos, la cohesión social.
En un segundo orden de ideas, la aplicación de la ley, lejos de formar un corpus penal especializado y distinto, la gran mayoría de las veces parece un sistema penal de adultos atenuado, donde la privación de libertad preventiva es frecuente, la aplicación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal resulta idéntica a las de los adultos, las restricciones en la detención originalmente previstas en la ley se ven atenuadas a favor de la persecución, los quebrantamientos de las penas en el medio libre llevan permanentemente a aplicar el encierro, entre otras. Esto de debe primero a la falta efectiva de especialización de los intervinientes (en su gran mayoría y sobre todo en el Ministerio Público), a las deficiencias notorias en la institucionalidad del sistema, a la falta de profesionales con las competencias especiales que requiere el trabajo de jóvenes infractores, a la herencia de las prácticas tutelares en los operadores del sistema penal adolescente y a la falta de integración efectiva del sistema normativo penal a las normas, jurisprudencia y tratados internacionales en la materia.
Sin embargo, veo en este último orden de cosas, interesantes correcciones de las malas prácticas emergentes en el sistema penal juvenil a través de esperanzadores fallos y un empoderamiento de ciertos jueces del espíritu del derecho penal adolescente y siendo optimista creo que se podrán enmendar las desinteligencias de una ley demasiado vulnerable a una política criminal punitiva y retribucionista, además de corregir vía judicial las deficiencias “operativas” del sistema. Sin embargo esto debe ir de la mano de un compromiso real con los jóvenes y en este punto, en lo profundo de la cuestión, en aquellas decisiones políticas de alto nivel, sería deseable que el debate político electoral contemplara a los niños y adolescentes marginados, a los jóvenes segregados por el modelo económico- social y abordara su integración definitiva y no tan solo su castigo y encierro.
LA CÁRCEL ES UN MAL NEGOCIO
Hoy día el tema de la cárcel está en el debate nacional a partir de una serie de constataciones in situ que se han hecho públicas, comisiones evaluadoras y opiniones de autoridades acerca de los problemas atávicos de nuestro sistema penitenciario que implican hacinamiento, escasez de recursos, nula rehabilitación de los reclusos, que incluso ha llevado a hablar directo y claro de la crueldad del sistema penitenciario chileno. Sin embargo las cárceles se siguen llenando de personas y lo seguirán haciendo porque como hemos dicho en esta tribuna, el encarcelamiento sigue siendo el recurso aparentemente más eficaz de castigo ya que saca de circulación la fuente de peligrosidad o riesgo para los demás, satisfaciendo la necesidad psicológica- pre asignada de seguridad, sin importar lo falaz del argumento o lo insostenible del recurso punitivo teniendo simplemente en consideración el evento cierto que los reclusos salen algún día a la calle, vuelven y lo hacen efectivamente desocializados, ajenos, “oliendo a presos”, con la nueva letra escarlata en el pecho.
Así las cosas, como al parecer ya ningún argumento racional, social ni humanitario es dable ensayar para demostrar la inviabilidad del encierro como castigo penal masivo, recurro a la economía en tanto paradigma valórico de nuestra sociedad neoliberal. Fruto de la crisis económica que azota nuestro planeta globalizado hoy en día, es necesario que la gente sepa que el costo mensual para el Estado de un preso es alrededor de 130 mil pesos, algunos hablan de cifras superiores. En los tiempos que corren, de accountability y control de la gestión económica y política, claramente el precio por encarcelar relacionado con los resultados esperados, es decir la modificación de la conducta por el castigo infligido y la disminución de la delincuencia, es negativo (véase al efecto la tasa de reincidencia de condenados presos que gira en torno al 70%), lo cual en definitiva nos habla de un pésimo negocio para el Estado, en tiempos de austeridad, donde ostentamos el nivel de encarcelados per cápita más alto de Latinoamérica y donde (por hacer un contraste en políticas públicas), la subvención en educación de un escolar es de 32 mil pesos.
Actualmente en Estados Unidos, producto principalmente de la crisis económica, ya se ha debido retornar al modelo rehabilitador. California es un ejemplo, el estado norteamericano con más de 170 mil presos en 2007, ha mantenido el discurso punitivo pero derechamente ha dado un vuelco en su política penitenciaria mediante dos leyes de 2005 y 2007, y ante la evidencia de que el 95% de los presos van a volver a la sociedad, ha focalizado el trabajo en la labor de reintegración del preso en la sociedad, trabajo de reentrada (re-entry). Así, en Estados Unidos, quintaesencia de la nación pragmática, se ha pasado rápidamente, frente a las tensiones presupuestarias y el costo social y económico del delito que resultan intolerables, del “tough of crime” (duro con el delito), al “smart on crime” (inteligentes con el delito).
El trabajo rehabilitador dentro de la cárcel debe retomarse con urgencia y fuera de la prisión hay que dotar de recursos suficientes a los mecanismos de supervisión en terreno de la pena alternativa en el medio libre, además de fomentar la diversificación de la respuesta penal por ejemplo a través de la sanción comunitaria implicando a las comunidades y organizaciones en ese trabajo, lo que en definitiva va a resultar más rentable y un mejor negocio que seguir llenando cárceles y robustecer el estado populista punitivo.
En tiempos en que ya comienza a proliferar el encarcelamiento preventivo de adolescentes, al menos demos un vistazo desde la economía en una sociedad que tiene como tótem el mercado y la productividad y convengamos que la cárcel es un pésimo negocio: cuesta caro, no rehabilita, es criminógena (es decir crea delincuencia), acrecienta la división social, restringe la mano de obra y desplaza potenciados al futuro, los problemas presentes, es decir escondemos hoy al preso para mañana tenerlo más violento, disociado, desvinculado familiarmente, fuera del mercado laboral y estigmatizado, todo lo cual significa mayores costos sociales y económicos que no podemos seguir soslayando.
Así las cosas, como al parecer ya ningún argumento racional, social ni humanitario es dable ensayar para demostrar la inviabilidad del encierro como castigo penal masivo, recurro a la economía en tanto paradigma valórico de nuestra sociedad neoliberal. Fruto de la crisis económica que azota nuestro planeta globalizado hoy en día, es necesario que la gente sepa que el costo mensual para el Estado de un preso es alrededor de 130 mil pesos, algunos hablan de cifras superiores. En los tiempos que corren, de accountability y control de la gestión económica y política, claramente el precio por encarcelar relacionado con los resultados esperados, es decir la modificación de la conducta por el castigo infligido y la disminución de la delincuencia, es negativo (véase al efecto la tasa de reincidencia de condenados presos que gira en torno al 70%), lo cual en definitiva nos habla de un pésimo negocio para el Estado, en tiempos de austeridad, donde ostentamos el nivel de encarcelados per cápita más alto de Latinoamérica y donde (por hacer un contraste en políticas públicas), la subvención en educación de un escolar es de 32 mil pesos.
Actualmente en Estados Unidos, producto principalmente de la crisis económica, ya se ha debido retornar al modelo rehabilitador. California es un ejemplo, el estado norteamericano con más de 170 mil presos en 2007, ha mantenido el discurso punitivo pero derechamente ha dado un vuelco en su política penitenciaria mediante dos leyes de 2005 y 2007, y ante la evidencia de que el 95% de los presos van a volver a la sociedad, ha focalizado el trabajo en la labor de reintegración del preso en la sociedad, trabajo de reentrada (re-entry). Así, en Estados Unidos, quintaesencia de la nación pragmática, se ha pasado rápidamente, frente a las tensiones presupuestarias y el costo social y económico del delito que resultan intolerables, del “tough of crime” (duro con el delito), al “smart on crime” (inteligentes con el delito).
El trabajo rehabilitador dentro de la cárcel debe retomarse con urgencia y fuera de la prisión hay que dotar de recursos suficientes a los mecanismos de supervisión en terreno de la pena alternativa en el medio libre, además de fomentar la diversificación de la respuesta penal por ejemplo a través de la sanción comunitaria implicando a las comunidades y organizaciones en ese trabajo, lo que en definitiva va a resultar más rentable y un mejor negocio que seguir llenando cárceles y robustecer el estado populista punitivo.
En tiempos en que ya comienza a proliferar el encarcelamiento preventivo de adolescentes, al menos demos un vistazo desde la economía en una sociedad que tiene como tótem el mercado y la productividad y convengamos que la cárcel es un pésimo negocio: cuesta caro, no rehabilita, es criminógena (es decir crea delincuencia), acrecienta la división social, restringe la mano de obra y desplaza potenciados al futuro, los problemas presentes, es decir escondemos hoy al preso para mañana tenerlo más violento, disociado, desvinculado familiarmente, fuera del mercado laboral y estigmatizado, todo lo cual significa mayores costos sociales y económicos que no podemos seguir soslayando.
EL USO DE LA VICTIMA
El rol y status de la víctima en el proceso penal desde siempre ha suscitado controversias y generado debate entre los especialistas, pero es en el último tiempo con la aparición mediática de la víctima y la calidad que asume en el proceso penal adversarial que la cuestión se ha vuelto más atingente y apremiante.
Para nadie es un misterio que hoy día, como señala el sociólogo Garland, existe un intento de dar un lugar privilegiado a la víctima, pero esto (advierte el autor), obedece fundamentalmente a fines que van más allá del legítimo sentimiento de las genuinas víctimas sino que más bien se ordena en una construcción política- estratégica, funcional a los requerimientos de mayor uso del recurso penal y a las políticas criminales de corte retribucionista. Es decir hay una instrumentalización de la víctima con la finalidad de legitimar las medidas de segregación punitiva, el empobrecimiento de las garantías del imputado y mantener satisfecha formalmente la demanda de seguridad pública. Esto, desde luego, es muy peligroso.
La víctima como sujeto ofendido por el comportamiento lesivo tiene derechos, qué duda cabe, pero por cierto la víctima directa del daño, quien ha sufrido la molestia y perturbación de sus derechos, principalmente a que se le proteja, a ser escuchada y a que se le de un trato digno durante la investigación. Pero lo más importante creo, tiene derecho a que quienes legislan no la instrumentalicen y que quienes llevan adelante la persecución penal lo hagan con eficiencia y prontitud y que así no se generen falsas expectativas, malos entendidos que profundicen la insatisfacción y el dolor por esa experiencia sufrida.
Justamente, estimo que el tema de la víctima está plagado de malos entendidos contraproducentes y nefastos. Por un lado se le contrasta con los derechos del imputado lo cual es un error mayúsculo, por cuanto la controversia penal reside en la pretensión punitiva del Estado contra el infractor. Es decir es el imputado el que va a recibir todo el rigor de la coacción estatal no la víctima, por eso ampliar los derechos al ofendido en detrimento de los del acusado es una tergiversación del conflicto penal que solo puede esconder un afán antigarantista pero en ningún caso puede significar una mayor protección de la víctima. Por otro lado, abordar penalmente problemas sociales como la violencia intrafamiliar es un caldo de cultivo de frustraciones para la misma sociedad, además de generar víctimas colectivas- potenciales, en este caso las mujeres. Asimismo la exposición mediática profusa del ofendido alimenta sólo la venganza y pretende trasladar este sentimiento pre-civilizatorio a los tribunales de justicia demandando lo imposible a los jueces, que deroguen tácitamente el derecho y apliquen la “justicia vengativa”, infligir daño al acusado, volver al patíbulo y a la exhibición pública del cuerpo flagelado del condenado.
El asunto de la víctima requiere ser abordado seriamente y lejos de los cálculos y escenificaciones maniqueas que abundan ya que su utilización como símbolo de la lucha contra la delincuencia está deviniendo en una sociedad delirosa y patológicamente insatisfecha y agresiva. Hoy las cárceles están llenas y los condenados en condiciones crueles como ha dicho la Fiscal de la Corte Suprema, la prisión preventiva es prácticamente automática en ciertos delitos (como castigo simbólico vía Agenda Corta), las penas y los delitos se aumentan, las cámaras de vigilancia tienen todo bajo control incluso a los legisladores, las comunicaciones intervenidas en muchos casos, los controles de identidad de masifican, pero aún así será difícil que esa víctima potencial construida- personalizada, es decir la sociedad toda, se quede tranquila y satisfecha. Mientras la técnica social promovida sea el riesgo, el peligro, el miedo y se persista en el tropo personalizador: la víctima simbólica crece y la real seguirá sin entender si en su caso se ha hecho lo correcto, lo debido.
Para nadie es un misterio que hoy día, como señala el sociólogo Garland, existe un intento de dar un lugar privilegiado a la víctima, pero esto (advierte el autor), obedece fundamentalmente a fines que van más allá del legítimo sentimiento de las genuinas víctimas sino que más bien se ordena en una construcción política- estratégica, funcional a los requerimientos de mayor uso del recurso penal y a las políticas criminales de corte retribucionista. Es decir hay una instrumentalización de la víctima con la finalidad de legitimar las medidas de segregación punitiva, el empobrecimiento de las garantías del imputado y mantener satisfecha formalmente la demanda de seguridad pública. Esto, desde luego, es muy peligroso.
La víctima como sujeto ofendido por el comportamiento lesivo tiene derechos, qué duda cabe, pero por cierto la víctima directa del daño, quien ha sufrido la molestia y perturbación de sus derechos, principalmente a que se le proteja, a ser escuchada y a que se le de un trato digno durante la investigación. Pero lo más importante creo, tiene derecho a que quienes legislan no la instrumentalicen y que quienes llevan adelante la persecución penal lo hagan con eficiencia y prontitud y que así no se generen falsas expectativas, malos entendidos que profundicen la insatisfacción y el dolor por esa experiencia sufrida.
Justamente, estimo que el tema de la víctima está plagado de malos entendidos contraproducentes y nefastos. Por un lado se le contrasta con los derechos del imputado lo cual es un error mayúsculo, por cuanto la controversia penal reside en la pretensión punitiva del Estado contra el infractor. Es decir es el imputado el que va a recibir todo el rigor de la coacción estatal no la víctima, por eso ampliar los derechos al ofendido en detrimento de los del acusado es una tergiversación del conflicto penal que solo puede esconder un afán antigarantista pero en ningún caso puede significar una mayor protección de la víctima. Por otro lado, abordar penalmente problemas sociales como la violencia intrafamiliar es un caldo de cultivo de frustraciones para la misma sociedad, además de generar víctimas colectivas- potenciales, en este caso las mujeres. Asimismo la exposición mediática profusa del ofendido alimenta sólo la venganza y pretende trasladar este sentimiento pre-civilizatorio a los tribunales de justicia demandando lo imposible a los jueces, que deroguen tácitamente el derecho y apliquen la “justicia vengativa”, infligir daño al acusado, volver al patíbulo y a la exhibición pública del cuerpo flagelado del condenado.
El asunto de la víctima requiere ser abordado seriamente y lejos de los cálculos y escenificaciones maniqueas que abundan ya que su utilización como símbolo de la lucha contra la delincuencia está deviniendo en una sociedad delirosa y patológicamente insatisfecha y agresiva. Hoy las cárceles están llenas y los condenados en condiciones crueles como ha dicho la Fiscal de la Corte Suprema, la prisión preventiva es prácticamente automática en ciertos delitos (como castigo simbólico vía Agenda Corta), las penas y los delitos se aumentan, las cámaras de vigilancia tienen todo bajo control incluso a los legisladores, las comunicaciones intervenidas en muchos casos, los controles de identidad de masifican, pero aún así será difícil que esa víctima potencial construida- personalizada, es decir la sociedad toda, se quede tranquila y satisfecha. Mientras la técnica social promovida sea el riesgo, el peligro, el miedo y se persista en el tropo personalizador: la víctima simbólica crece y la real seguirá sin entender si en su caso se ha hecho lo correcto, lo debido.
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