La noticia del asesinato del joven Schmidt- Hebbel en Santiago ha provocado una serie de reacciones a nivel nacional no obstante lo reciente de la situación y lo preliminar de la investigación que se lleva a cabo por parte del Ministerio Público, lo que se ha visto amplificado por el sorpresivo “vuelco” del caso.
Sin embargo es posible, aún con lo temprano de la situación sacar algunas lecciones útiles a la hora de enfrentar este tipo de casos desde la opinión pública y esto como cuestión relevante en la siempre compleja relación entre los medios de comunicación, la percepción ciudadana y el sistema penal. En primer lugar la conmoción inicial que se produjo por un robo que termina con el homicidio de la víctima, es decir por un crimen que parecía ser un caso más de delincuencia común, y con esto quiero aludir a aquel tipo de delincuencia ordinaria sin mayor propósito que el ataque a una víctima indeterminada para obtener una satisfacción personal y que precisamente alimenta el pánico social de poder ser cualquiera aquella víctima, dio paso rápidamente a un enrevesado crimen por encargo donde un sicario y no un ladrón dio muerte al joven que opuso resistencia a su designio, despejando esa reacción inicial, visceral de clamor por “mano dura”, de punto final al estado de “inseguridad total” que se viviría en el país y dando paso a la perplejidad ante un intrincado tramado de relaciones familiares desviadas y el inveterado tropo de la maldad. En segundo lugar y en relación con lo anterior, algunas autoridades políticas horas después de ocurrido el crimen, se enrostraban duramente a través de las cámaras los ya habituales discursos sobre la delincuencia insinuando incluso uno de los personajes la inconveniencia de que el Estado financie una defensa penal pública. Sin embargo ha sido esa misma defensa técnica asegurada a todas los imputados la que ha coadyuvado asesorando a quien aparece como el sicario en la entrega de la información necesaria para que la fiscalía pueda dirigir su investigación con objetividad y eficacia. Si no existiera esa defensa cualquiera podría sospechar de la forma en que las personas son juzgadas y de la manera en que se entrega la información por los detenidos a los órganos persecutores.
Sin embargo lo que resulta encomiable es la reacción del padre de la víctima quien en medio de su dolor y cuando todavía el caso aparecía como uno más de delincuencia corriente, hizo un llamado a los políticos y economistas del país a crear una sociedad más inclusiva, donde los niveles de agresividad y violencia disminuyan y que dijo no apelar a la “mano dura” sino a la pena justa. En realidad la templanza y mesura de la víctima contrastaba dramáticamente con la emotividad desembozada de los opinólogos televisivos y con los panelistas permanentes de la “guerra contra la delincuencia”. Es decir esa antinomia presunta entre la víctima y el delincuente, que apela a proteger al primero y a invalidar al segundo, en este caso no operaba. De lo que se trataba era de una sociedad donde todos tengan cabida.
A estas alturas el caso se ha convertido en un complejo crimen, no obstante que pareciera resuelto a la mirada común, que presentará desafíos notables en su investigación pero sobre todo en el aspecto penal y en ese sentido en nada aportará la excesiva ocupación de los medios sobre la situación (lo que no se observa en otros crímenes similares respecto de personas pertenecientes a otros grupos sociales) y que la ya clara construcción del “monstruo moral” respecto de la mujer que habría ordenado el crimen lo único que hace es satisfacer nuevamente el insaciable apetito por los casos criminales de la gente (es cosa de ver la cantidad de programas de televisión sobre la materia), reactivar el chivo expiatorio y alimentar fuertes expectativas sociales respecto de la condena- venganza que entran en tensión con los tiempos y las racionalidades del sistema penal.
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