LA CÁRCEL ES UN MAL NEGOCIO

Hoy día el tema de la cárcel está en el debate nacional a partir de una serie de constataciones in situ que se han hecho públicas, comisiones evaluadoras y opiniones de autoridades acerca de los problemas atávicos de nuestro sistema penitenciario que implican hacinamiento, escasez de recursos, nula rehabilitación de los reclusos, que incluso ha llevado a hablar directo y claro de la crueldad del sistema penitenciario chileno. Sin embargo las cárceles se siguen llenando de personas y lo seguirán haciendo porque como hemos dicho en esta tribuna, el encarcelamiento sigue siendo el recurso aparentemente más eficaz de castigo ya que saca de circulación la fuente de peligrosidad o riesgo para los demás, satisfaciendo la necesidad psicológica- pre asignada de seguridad, sin importar lo falaz del argumento o lo insostenible del recurso punitivo teniendo simplemente en consideración el evento cierto que los reclusos salen algún día a la calle, vuelven y lo hacen efectivamente desocializados, ajenos, “oliendo a presos”, con la nueva letra escarlata en el pecho.
Así las cosas, como al parecer ya ningún argumento racional, social ni humanitario es dable ensayar para demostrar la inviabilidad del encierro como castigo penal masivo, recurro a la economía en tanto paradigma valórico de nuestra sociedad neoliberal. Fruto de la crisis económica que azota nuestro planeta globalizado hoy en día, es necesario que la gente sepa que el costo mensual para el Estado de un preso es alrededor de 130 mil pesos, algunos hablan de cifras superiores. En los tiempos que corren, de accountability y control de la gestión económica y política, claramente el precio por encarcelar relacionado con los resultados esperados, es decir la modificación de la conducta por el castigo infligido y la disminución de la delincuencia, es negativo (véase al efecto la tasa de reincidencia de condenados presos que gira en torno al 70%), lo cual en definitiva nos habla de un pésimo negocio para el Estado, en tiempos de austeridad, donde ostentamos el nivel de encarcelados per cápita más alto de Latinoamérica y donde (por hacer un contraste en políticas públicas), la subvención en educación de un escolar es de 32 mil pesos.
Actualmente en Estados Unidos, producto principalmente de la crisis económica, ya se ha debido retornar al modelo rehabilitador. California es un ejemplo, el estado norteamericano con más de 170 mil presos en 2007, ha mantenido el discurso punitivo pero derechamente ha dado un vuelco en su política penitenciaria mediante dos leyes de 2005 y 2007, y ante la evidencia de que el 95% de los presos van a volver a la sociedad, ha focalizado el trabajo en la labor de reintegración del preso en la sociedad, trabajo de reentrada (re-entry). Así, en Estados Unidos, quintaesencia de la nación pragmática, se ha pasado rápidamente, frente a las tensiones presupuestarias y el costo social y económico del delito que resultan intolerables, del “tough of crime” (duro con el delito), al “smart on crime” (inteligentes con el delito).
El trabajo rehabilitador dentro de la cárcel debe retomarse con urgencia y fuera de la prisión hay que dotar de recursos suficientes a los mecanismos de supervisión en terreno de la pena alternativa en el medio libre, además de fomentar la diversificación de la respuesta penal por ejemplo a través de la sanción comunitaria implicando a las comunidades y organizaciones en ese trabajo, lo que en definitiva va a resultar más rentable y un mejor negocio que seguir llenando cárceles y robustecer el estado populista punitivo.
En tiempos en que ya comienza a proliferar el encarcelamiento preventivo de adolescentes, al menos demos un vistazo desde la economía en una sociedad que tiene como tótem el mercado y la productividad y convengamos que la cárcel es un pésimo negocio: cuesta caro, no rehabilita, es criminógena (es decir crea delincuencia), acrecienta la división social, restringe la mano de obra y desplaza potenciados al futuro, los problemas presentes, es decir escondemos hoy al preso para mañana tenerlo más violento, disociado, desvinculado familiarmente, fuera del mercado laboral y estigmatizado, todo lo cual significa mayores costos sociales y económicos que no podemos seguir soslayando.