¿SEGURIDAD DE LOS DERECHOS O DERECHO A LA SEGURIDAD?

Hace algunos días tuve la suerte de asistir a un seminario que ofreció en Chile el prestigioso penalista, criminólogo y filósofo del derecho Massimo Pavarini, quien es profesor de la Universidad de Bolonia y que tiene un sinnúmero de publicaciones e investigaciones sobre el delito, la seguridad y la cuestión criminal. El planteó, en dicho seminario, el dilema que señalo en esta columna y que resulta totalmente atingente en tiempos donde la seguridad ciudadana parece una demanda y un derecho fundamental de la sociedad: qué es preferible la seguridad de los derechos o un derecho a la seguridad?
Nuestro país ha logrado con mucho esfuerzo afianzar un Estado de Derecho luego del paréntesis trágico de la dictadura y ahora se intenta afanosamente hacer de nuestra nación un estado social de derecho, cuestión que por cierto todavía es solo una pretensión pero al menos encaminada. En un estado social de derecho las garantías fundamentales se convierten en un bien público asegurado a todos los ciudadanos, lo que conlleva una “seguridad democrática”, donde todos los habitantes tienen acceso no solo a los derechos fundamentales de primera generación (derechos civiles y políticos), sino también los de segunda generación (sociales y económicos), e incluso a los culturales y ambientales y en ese sentido la consecuencia lógica de ese afianzamiento del acceso y disfrute de los derechos fundamentales se traduce en bienestar y cohesión social, en mayor seguridad y en consecuencia en disminución del miedo, del peligro, del riesgo.
Por el contrario, cuando se entiende que la seguridad ciudadana es un derecho, es decir que los habitantes de una nación tienen derecho a la seguridad, es porque evidentemente carecen de ella y en ese sentido el Estado afirma normativamente la seguridad de sus ciudadanos al no poder brindarla efectivamente. Se convierte entonces en una “Democracia de Seguridad” y de esa manera se aplaca el miedo social al peligro, al riesgo de no tener acceso a la salud, a perder el trabajo, a no poder dar una educación de calidad a los hijos, el miedo a ser víctima de delitos. En este sentido la democracia de la seguridad es el fracaso del estado social de derecho o el camino equivocado mientras se logra un estado que permita a todos sus habitantes gozar de los derechos que garantizan una vida digna e igualitaria, es decir la “seguridad democrática”.
Chile parece optar en este interregno, por una democracia de la seguridad en vez de ir afianzando los logros sociales en libertad e igualdad general, convirtiendo a la seguridad de los ciudadanos en un derecho “fundamental” y en consecuencia provocando la privatización de la seguridad ante la imposibilidad del Estado de garantizarla. Es decir se entrega a la gente la demanda y satisfacción del ahora, bien privado de la seguridad con la promesa de mayor represión penal y control social. Por eso emerge la víctima (la real, la indirecta y la potencial), aparece la “opinión pública” mediatizada exigiendo la inefable “mano dura”, se manifiestan las asociaciones de víctimas demandando institucionalidad a sus agrupaciones, se yergue el criterio de la peligrosidad- riesgo (ley de Agenda Corta) y se aplica un enfoque reactivo frente a la conducta desviada (énfasis de las políticas criminales represivas por sobre las políticas públicas sociales como en el caso de los adolescentes infractores).
Un ejemplo trivial de la privatización de la seguridad y del enfoque reactivo son las cámaras de vigilancia. Hoy, Chile está plagado de cámaras y se cree que con esa tecnología se disminuye el delito, lo cual está comprobado científicamente que no es así. Las cámaras actúan ex post frente al delito y por lo tanto pueden tener alguna incidencia en la persecución de éste y en la construcción de la prueba en el proceso penal pero no previenen el delito, el sujeto al delinquir no incorpora la cámara de vigilancia en su supuesto cálculo racional sobre la comisión del delito. Por eso vemos la grabación de los robos a menudo en la televisión. Lo que sí hacen esas cámaras de vigilancia es disminuir ostensiblemente nuestra libertad al mantenernos constantemente vigilados, despojándonos de parte de nuestra intimidad y privacidad, porque si hay algo que esta democracia de la seguridad provoca es erosionar nuestra libertad, hacerla menos real y más formal, más acotada y obviamente más controlada.
El recurso penal agresivo, la seguridad ciudadana como derecho esencial, el control social masivo, el poder punitivo insaciable son aspectos de esta democracia construida sobre la metáfora de la seguridad y la ausencia pasmosa de la libertad a la que nos hemos acostumbrado.