El reciente anuncio del Fiscal Nacional de un Registro Nacional de Detenidos, el ya existente registro de huella genética de condenados, los controles de identidad aleatorios, la utilización de cámaras de vigilancia urbana, entre otras técnicas, hablan de una intensificación de la prevención como instrumento de control de la criminalidad. En el último tiempo la política criminal chilena, siguiendo una tendencia mundial, se ha venido centrando (racional o intuitivamente), sobre el paradigma de la prevención, no entendida como se la conocía tradicionalmente en el mundo académico penal, en tanto disuasión del delincuente o bien su reinserción, sino como la evitabilidad del riesgo, es decir de la consecuencia posible del acto peligroso, como la pretensión de prevenir la mayor cantidad de situaciones riesgosas que pongan en peligro la seguridad y por lo tanto afecten a los individuos y su libertad y desarrollo en sociedades capitalistas. En este sentido, se traslada el centro de la cuestión y el eje de atención desde el autor (el que comete el delito), a la víctima (potencial) y se articulan las formas de precaver la existencia de peligros que recaigan sobre ésta (en base a estudios probabilísticos), que en definitiva puedan poner en riesgo la seguridad del “buen ciudadano”. En definitiva intensificar la seguridad por la vía de la prevención.
El problema de esta política es que apuesta a un doble imposible y por lo tanto la torna, en lo práctico (que es donde se verifica una política pública), en una técnica poco eficiente, ya que por un lado pretende prever la mayoría de los riesgos que son infinitos en sociedades que son esencialmente riesgosas o donde las nuevas fuentes de peligro han proliferado exponencialmente y por otro porque intenta controlar dichos peligros o evitar que ellos sucedan.
Hace pocos días, como hemos señalado, el Ministerio Público anunció que quiere implementar un registro nacional de detenidos, registro que incluirá a todas las personas que son objeto de detención con sus datos y fotografía. Esta es una típica medida preventiva del tenor de lo señalado, es decir se aplica el trinomio riesgo- prevención- seguridad. En este caso el riesgo es el detenido, la prevención es el registro y la seguridad es la evitabilidad de un nuevo delito, la eficacia de la persecución policial y la intensificación del control social (fin último de esta tecnología). Se supone que mediante este registro se van a evitar errores en la identificación de los imputados y se va a favorecer la labor de los fiscales respecto de las víctimas y su reconocimiento, lo que redundaría en una mejor actividad de persecución y en definitiva bajarían los índices delictuales (fin pretendido me imagino).
Esta forma de enfrentar la criminalidad tiene varios problemas; el primero es que parte de una premisa falaz: que es posible prever y controlar los riesgos en la sociedad actual, lo que redunda en que como política criminal sea ineficiente y paradójicamente provoque mayor riesgo, toda vez que se torna en una mera promesa de seguridad que no puede ser materializada, es decir es meramente simbólica (basta ver el comportamiento de las cifras de delito y de la percepción de inseguridad con otras medidas similares). Segundo necesariamente se enfoca en una categoría de delitos: los delitos urbanos, más leves, que son aquellos que es posible prever por la vía de registrar a los sujetos detenidos (en su mayoría hombres jóvenes de estrato socioeconómico bajo que son detenidos por actos de menor lesividad), dejando una sensación de inseguridad y de falta de competencia policial en los delitos más graves como violaciones o robos violentos cuya ocurrencia es difícil de prever y controlar por esta vía. Tercero y lo más grave, es que es claramente contraria a la estructura legal vigente desde que rompe con la presunción de inocencia, erosiona la garantía constitucional de la privacidad y estigmatiza a sujetos no condenados quebrantando la igualdad ante la ley. En realidad, la mayoría de las técnicas de prevención en materia criminal demuestran visos de ilegalidad, como ocurre con la fórmula policíaca de los controles de identidad masivos aleatorios o los registros de buses en busca de droga, que atentan contra la libertad ambulatoria y funcionan sobre la anacrónica táctica policial de la sospecha.
En fin, en tiempos de prevención situacional del delito más que de prevención social de la criminalidad, nos vamos a encontrar a menudo con políticas públicas de difícil sustento legal, escasa eficiencia, pero innegable impacto mediático-simbólico lo que las hace atractivas comunicacionalmente a pesar que ellas mismas puedan, al tornarse en expectativas insatisfechas, convertirse al final en un nuevo riesgo, funcional a una sociedad del temor.
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