En tiempos electorales nos encontramos con una serie de debates y propuestas que en una democracia son absolutamente necesarios para ilustrar a los votantes sobre los candidatos y confrontar las ideas que se van a someter al escrutinio y por cierto esta elección no ha sido la excepción, por el contrario han proliferado las discusiones sobre los diferentes tópicos de interés público no exentos, algunos, de polémica. Sin embargo, en materia de delincuencia y seguridad pública lo que se ha propuesto parece más de lo mismo y da la impresión que se trata de un mismo discurso sin grandes diferencias, es decir la respuesta represiva combinada con un énfasis en la rehabilitación, la guerra al narcotráfico, una mayor dotación de policías, la prevención en los hijos de los presos, más cárceles, controlar la supuesta puerta giratoria, etc.
Si estamos de acuerdo en dos datos científicamente comprobados, esto es que la delincuencia en la actualidad es un factor inmanente a nuestra estructura social y que la percepción generalizada sobre la inseguridad no necesariamente tiene relación con las tasas de delitos, podemos avanzar y comenzar a debatir sobre planes y políticas públicas que mejoren nuestra convivencia con el delito y apunten a disminuir o al menos a controlar los índices de crecimiento de las conductas desviadas sin perder el tiempo en discursos retóricos que circulan sobre intuiciones o mensajes propagandísticos.
Hay un punto de conexión complejísimo entre el discurso político y la gente, que permite en definitiva que en esta materia poco y nada avancemos y es que la ciudadanía exige soluciones cortoplacistas, es decir cualquier política pública a largo plazo es vista con desdén por la gente principalmente por la instalación del miedo colectivo y la asunción de nosotros como víctimas probables de delitos. Entonces, los razonamientos sobre el hecho incontrastable que el delito es una cuestión social compleja y por lo tanto no es posible (al menos nunca he visto un trabajo serio al respecto), establecer una solución única y eficiente para eliminar o disminuir al máximo la ocurrencia de delitos, no es una respuesta que la mayoría esté dispuesta a escuchar y en consecuencia se echa mano a lo que se tiene, es decir el sistema penal, la policía como agente preventivo- represivo y la respuesta máximo-punitiva, a pesar de que más temprano que tarde, es necesario trabajar con las claves estructurales de la relación simbiótica entre delito y capitalismo neoliberal.
Me permito, dentro de este debate de ideas más bien aporético y con un claro sesgo ideológico proponer algunas apuntes sobre seguridad y delito que creo pueden aportar al debate más técnico: en primer lugar es necesario dar un enfoque local al gobierno del delito, es decir focalizar en la comunidad local los planes y estrategias de prevención y control de la criminalidad, desplegar una estrategia de descentralización “desde arriba hacia abajo” de la responsabilización, ya que es ahí en el micro territorio donde se producen las consecuencias de la actividad delictiva y en consecuencia donde mejor de puede enfrentar la proliferación de conductas desviadas. El gobierno centralizado de la cuestión criminal ha demostrado ser ineficiente ya que es incapaz de establecer un plan que capte las diferencias territoriales y sus necesidades, establece distancias con la solución de los problemas descritos y reproduce una sensación de crisis permanente que provoca el lenguaje electoral al que aludimos. En segundo lugar es importante pensar en una reforma policial integral que modernice a las policías en el sentido de integrarlas definitivamente en la comunidad y que sean sujetos activos en las labores preventivas con la comunidad organizada y los agentes locales de trabajo social, de manera de propender a una actuación coordinada y de frente a la comunidad. En tercer lugar, creo que es urgente crear un sistema de reintegración de los condenados que sea eficiente en cuanto a que éstos vuelvan a su entorno original con posibilidades ciertas de acogimiento y desarrollo laboral que les permitan no reincidir. Asimismo, es clave desplegar una estrategia de prevención que actúe ex ante respecto a la actividad delictiva y que no se agote en las estrategias de prevención situacional- ambiental o al menos mejorar éstas ya que han sido más bien parte de una ficción en el sentido que se actúa por parte de las agencias gubernamentales “como si se hiciera algo” en vez de hacerlo efectivamente y en esto me refiero a todos los planes preventivos que circulan en torno a la idea de comuna segura y la tesis de disminuir las oportunidades de delinquir. Del mismo modo, creo que es menester aprovechar el envión proteccional que el Estado ha reinaugurado, por ejemplo con la “red de protección social” del gobierno actual y con la nueva oportunidad que la reciente crisis económica la ha brindado a la actividad estatal y profundizar la tesis de la prevención social, esto es (sobre todo con los jóvenes), en el sentido de apuntar a la inclusión social aprovechando los diferentes planes sociales en marcha, relativos a educación, capacitación laboral, emprendimiento individual, salud mental, trabajo y educación intrapenitenciario, entre otros; vale decir aspirar a una mejor ciudadanía que abarque cada vez a un mayor número de personas. Es necesario en este último punto disminuir las brechas parciales entre los diferentes grupos de la comunidad, la frustración permanente de determinados colectivos en relación a los demás, ya que es justamente esta privación relativa de la que habla el criminólogo inglés Jock Young siguiendo a Merton, la que resulta criminógena más que una etiología positivista centrada en la pobreza o en la ausencia de recursos la que provoca el delito.
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